Acuerdos amplios de información

La globalización, la rapidez y la libertad de los movimientos del capital impulsados por las políticas de los países y los avances tecnológicos, junto con la soberanía de los Estados y las legislaciones territoriales del siglo XX, trajeron como consecuencia que las administraciones tributarias se vieran limitadas para fiscalizar a los contribuyentes, por la falta de acceso a la información de otras regiones; lo que, desde mediados del siglo pasado, llevó a los países a verse en la obligación de buscar medidas para poder fiscalizar las operaciones fuera de su jurisdicción. Las operaciones financieras se vuelven cada día más complejas, veloces y numerosas, por lo que las autoridades y los reguladores internacionales han tratado de adecuar las legislaciones, con el fin de evitar la evasión y la elusión fiscal a nivel global, por medio de varios mecanismos y haciendo del intercambio de información el eje central de su estrategia. No obstante, las legislaciones de los Estados no han avanzado a la misma velocidad que estos cambios y mucho menos han podido anticiparse a los mismos, por lo que algunos mecanismos y modificaciones a las legislaciones han sido tardíos e incluso obsoletos. Durante varias décadas, algunos países y territorios aprovecharon esta situación, entre ellos los muy mencionados casos de Suiza y Luxemburgo. Aunque en un principio la razón para no compartir información era que, mediante el instrumento del secreto bancario, la comunidad judía pudiera ocultar sus recursos financieros de los nazis, estos y otros países, así como los territorios posteriormente constituidos como paraísos fiscales, que se popularizaron en la década de los noventa, se aprovecharon de esta figura jurídica para atraer inversión y recursos del extranjero.

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